Desde luego ni a unos ni a otros hay por donde cogerlos y como dice el refrán entre ambos la mataron y ella sola se murió (La Esperanza).Es insostenible la tomadura de pelo a todos los ciudadanos y especialmente a los jijonencos por la paralización y falta de INFORMACIÓN de los PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS 2018 del AYUNTAMIENTO DE XIXONA por varias razones:
1.- No se puede aprobar en un Pleno un presupuesto municipal con 60.000 euros para “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” y después ni tan siquiera dar explicaciones de su inejecución.
2.- No se pueden engañar a la ciudadanía generando falsas expectativas solicitando la colaboración y participación solidaria de los ciudadanos en la elaboración de tales acciones y después de más de seis meses de trabajo y participación en una serie de propuesta se les ignore.
3.- Se ningunea la buena voluntad de los ciudadanos que han colaborado de forma altruista en la confección de las partidas presentadas y aprobadas en ASAMBLEA. Es vergonzoso después de implicar a todos, se archive sin dar ningún tipo de explicación. Se pervierte con ello el espíritu y la finalidad del presupuesto Municipal (asuntos solidarios y de interés general) y en el caso que nos ocupa, aun mas por ser la movilidad de personas con disfunciones físicas y psíquicas (discapacitados, ancianos, enfermos con movilidad reducida, etc) un asunto extremadamente sensible y que nos afecta a todos los ciudadanos.
Cuando en el mes de mayo, por mayoría de votos y en ASAMBLEA GENERAL se aprueba por más de 94 puntos la adaptación de “algunas de las escaleras”, no se entiende que los responsables políticos dejen en manos de la opinión de un técnico la decisión de hacer la mencionada propuesta.
Nadie entiende que un técnico tenga la desfachatez de decir por escrito lo que se dice en el informe técnico y lo que es peor, que se le acepte por parte de las autoridades municipales semejante informe. El contenido del “informe Técnico” no se sostiene por ninguna parte por varias razones:
A) Lo que se le pide al Técnico es un informe de “valoración técnica” (viabilidad, coste económico, etc.) y lo que aporta es un “estado de opinión”; además un estado de opinión que viene nuevamente a dejar patente la INACTIVIDAD MUNICIPAL tanto del Ayuntamiento como Institución, como del Técnico en cuestión en estos últimos cuarenta años. Es impresentable que un técnico con más de 30 años de ejercicio en la población diga lo que se dice en dicho informe:
(../..) La eliminación de barreras arquitectónicas en el viario público, con carácter general y mediante actuaciones específicas para este fin, debiera obedecer a las determinaciones previamente establecidas en un plan que concrete las necesidades, prioridades y costos (../..)
Para decir eso no hace falta ser “ARQUITECTO JEFE DEL D.T. DE GESTION Y DISCIPLINA URBANISTICA”; parece poco serio que desde el año 1982 (promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI), que desarrolla el artículo 49 de la Constitución Española) origen de las pioneras normas de “Diversidad funcional y Accesibilidad” y la más reciente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La cual daba como último plazo a TODAS las administraciones públicas el pasado 4 de diciembre/2017 para el cumplimiento extensivo de la ley. Han transcurrido más de 32 años, tiempo más que suficiente para que dicho Sr. Públicamente y textualmente diga:
(../..) debiera obedecer a las determinaciones previamente establecidas en un plan que concrete las necesidades, prioridades y costos (../..)
Como dijo aquel “a buenas horas mangas verdes” ciertamente para decir estas cosas no se necesita un funcionario que cobre más de 50.000 euros anuales, ni a un equipo de gobierno que se lo permita.
Lo que se necesita es tener algo más de vergüenza social: Después de 32 años ni un técnico puede decir eso, ni un político aceptarlo. Lo que tienen que hacer unos y otros es simple y llanamente ponerse a trabajar ambos y hacer que estas escaleras, al menos estas, sean accesibles para todo “ser viviente” con o sin piernas. Haciéndose realidad la voluntad popular y jurídica de los ciudadanos.
¿Desde 1982 en que se publicó la norma de adaptación Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI) el Sr. Arquitecto y todo su equipo, no han tenido ni tiempo ni dinero para adaptar las escaleras citadas?
"Ahora argumentan para no hacerlo que tienen que hacer previamente un Plan"
¡ Yo sí que les haría un Plan; pero para que se fueran a casa y no volvieran por Xixona ¡
I M P R E S E N T A B L E S
